El PSOE de Cantabria propondrá un ‘plan de choque’ sanitario con medidas en varios frentes para exigir “soluciones inmediatas” ante la falta de profesionales al Gobierno regional (PP), al que acusa de mantener una “política de brazos cruzados” y haber hecho que la sanidad pública esté “peor que nunca”.
Los socialistas cántabros presentarán este plan a través de iniciativas en el Parlamento cántabro y en los ayuntamientos a raíz de la carta remitida a los municipios por el consejero de Salud, el ‘popular’ César Pascual, para anunciarles que 80 consultorios se quedarán sin equipo médico en algún momento del verano.
El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha denunciado una situación que “nunca en la historia de Cantabria hemos vivido”, y que refleja que los populares “han renunciado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la presencia de médicos en nuestros pueblos”.
Casares se ha expresado así durante una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para presentar el plan de choque acompañado por la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, y por el portavoz parlamentario, Mario Iglesias.
Dicho plan incluye medidas como complementos salariales específicos para plazas de difícil cobertura durante los meses de verano, contratos de larga duración en lugar de semanas o meses, conversión de vacantes estructurales en plazas estables, compromiso de continuidad laboral tras el periodo estival, bolsas de empleo “ágiles” con adjudicación anticipada de plazas o convocatoria de las plazas de verano antes de marzo para que los profesionales puedan organizar su incorporación.
Asimismo, contempla la identificación de consultorios con riesgo de falta de cobertura y la captación de médicos de otras comunidades mediante incentivos económicos y laborales “competitivos”.
Casares ha subrayado que hasta la llegada de María José Sáenz de Buruaga al Gobierno “nunca habíamos vivido veranos enteros con los consultorios rurales cerrados”, y que la carta del consejero de Salud a los alcaldes “la demostración del deterioro que sufre nuestro sistema sanitario en solo tres años en manos del PP”. “Nunca los servicios públicos han funcionado peor, y nunca un consejero se habría atrevido a escribir esta carta sin haber intentado buscar soluciones”, ha añadido.
A juicio del secretario general del PSOE, esa carta supone que Pascual “reconoce que no tiene soluciones ni tampoco las busca”, por lo que en su opinión “lo que tendría que hacer es marcharse”. “Si reconoce que no es capaz de dar una solución ni de gestionar la sanidad pública, no debería continuar”, ha sentenciado.
En paralelo, le ha dicho que es necesario actuar ya que no basta con reconocer el problema y “resignarse al cierre de consultorios”, al igual que ha tildado de “inaceptable” que la solución pase por poner taxis o autobuses para que los pacientes se desplacen a otros consultorios mientras “se ignora el verdadero problema”.
Y es que, si bien anteriormente “podía ocurrir de forma aislada que una semana” se cerrara un centro por la falta de un profesional, ahora “están programados y previstos los cierres” de 80 consultorios en base a la programación de vacaciones o bajas de larga duración. Por ello, Casares ha criticado que “han convertido la excepción en la norma” y, además, ha advertido que los afectados “serán muchos más” si se tienen en cuenta situaciones imprevistas.
Por ello, ha instado al Gobierno a decidir “qué modelo quiere: uno que invierte en trasladar pacientes porque es incapaz de cubrir plazas médicas o uno que invierte en profesionales para garantizar una sanidad pública cercana, accesible y de calidad”. En opinión del PSOE, “cada euro que se destina a transportar pacientes porque no hay médicos es un euro que evidencia el fracaso de la política sanitaria” del Ejecutivo.
Finalmente, Pedro Casares ha apuntado que toda esta situación deriva de tres años “sin invertir en fortalecer en la sanidad pública” y de un “cambio de modelo sanitario” que para el PSOE es “planificado, orquestado y perseguido” por el PP.
En este punto ha aludido a los “recortes” de servicios públicos, las “privatizaciones” de servicios como los cribados del cáncer o el contrato singular con el Hospital Santa Clotilde, actuaciones que tienen “el mismo patrón: deteriorar la sanidad pública de Cantabria en beneficio de la privada” y “empeorar la salud de todos en beneficio del negocio de la salud”.
