El secretario general de Juventudes de Cantabria, Fran Cano, ha afirmado que el Consejo de Políticas de Juventud “acabará siendo un escaparate y que intenta socavar importancia al verdadero Consejo”.
A raíz de la publicación del decreto que desarrolla el Consejo de políticas de juventud que desarrolla lo contemplado en la Ley de Juventud, Cano ha considerado que “este órgano duplica el ya existente y con participación real de los y las jóvenes de Cantabria, el Consejo de la Juventud que sí es un órgano autónomo no dependiente del Gobierno”.
“Esto generará confusión y una fragmentación de la representación de la juventud asociada que realmente conoce los problemas de su generación”, ha señalado.
Cano ha afirmado que este nuevo órgano que desarrolla “puede ser un escaparate burocrático para que la ciudadanía piense que se está actuando en materia de juventud, pero los problemas siguen y seguirán siendo los mismos si no hay voluntad del gobierno”.
En este sentido, el líder de la organización juvenil socialista ha señalado que “la vivienda juvenil es y seguirá siendo inaccesible, la salud mental no será una prioridad y se tendrán las mismas dificultades para acceder al mercado laboral”. “Será un órgano sin poder real”, ha enfatizado.
“La participación de este órgano es simbólica, se contempla que una vez al año, y por tanto, no puede influir en ninguna decisión política de manera relevante. Se institucionaliza una participación que no es tal, para hablar de decisiones que ya están tomadas por parte del gobierno”, ha dicho
En este sentido, Cano ha afirmado que “el Consejo para asesorar que es papel mojado, como ya avisaron los socialistas durante la tramitación de la Ley de Juventud, no tendrá presupuesto propio, no podrá exigir información y tampoco evaluará las políticas públicas de manera obligatoria”.
“La presidencia está vinculada al propio gobierno y la agenda la marcará la consejería competente”, ha enfatizado.
Por último, Fran Cano ha señalado que “creen que el periodo de alegaciones es una trampa absurda puesto que sus competencias y funcionamiento está regulado por la Ley que se aprobó en el Parlamento de Cantabria en la que no quisieron escuchar a nadie”.
“Las decisiones están tomadas y el margen de maniobra es mínimo”, ha concluido.
