El PSOE de Cantabria ha aprobado una resolución en defensa de la Sanidad Pública en el trascurso del Comité Autonómico, máximo órgano entre congresos, celebrado este sábado, 24 de enero.

En la resolución, los socialistas cántabros han reclamado

  • Los socialistas cántabros reclaman al Gobierno de Cantabria que revierta los recortes y deterioro de la sanidad pública, con inversiones que refuercen las plantillas de profesionales y mejoren las prestaciones médicas existentes

al Gobierno de Cantabria que revierta los recortes y deterioro de la sanidad pública, con inversiones que refuercen las plantillas de profesionales y mejoren las prestaciones médicas existentes.

Además, han exigido que se paralice el convenio singular con el hospital Santa Clotilde, utilizando los 256 millones de euros previstos para la sanidad privada a mejorar el Servicio Cántabro de Salud, única garantía del acceso al derecho a la salud en condiciones de igualdad para todos los cántabros y las cántabras.

Así, en la resolución aprobada, han afirmado que, “en solo dos años y medio de legislatura, se comprueba que la estrategia del PP se caracteriza por la depreciación de los servicios públicos, los recortes de las prestaciones sociales y el deterioro del estado del bienestar en la comunidad autónoma.

Además, han recordado en la resolución “el historial” de María José Sáenz de Buruaga como consejera de Sanidad entre 2011 y 2015 “con dos nefastos hitos”, a su juicio.

Por una parte, el aumento de las horas de trabajo del personal sanitario hasta las 37,5 horas semanales, con la consecuente reducción de plantilla de profesionales; y por otra, la privatización de parte de los servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por valor de 900 millones de euros. “Señales que no hacían presagiar nada bueno”, han destacado.

En esta legislatura, los socialistas cántabros han denunciado que “se ha acelerado su proyecto de demolición del Servicio Cántabro de Salud (SCS)”.

Como ejemplo “más evidente”, han destacado la firma del convenio entre el SCS y el hospital privado Santa Clotilde, permitido gracias a que, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, “el PP ha abierto la puerta” a rubricar acuerdos singulares, a raíz de las necesidades, sin concurso público, límite de plazo y a dedo.

Por otra parte, han denunciado que el Hospital Comarcal de Laredo “es otro ejemplo de este desmantelamiento”.

“La población de Cantabria oriental sufre desde la llegada del PP al Gobierno de un deterioro creciente de las prestaciones de este centro. Ejemplos palpables son la reordenación del personal de enfermería del bloque quirúrgico, el completo desmantelamiento estival del servicio de atención domiciliaria o la usencia de especialistas de traumatología durante los festivos y los fines de semana”, han reflejado en la resolución política aprobada por el Comité Autonómico.

Los socialistas cántabros han añadido a “todo este desastre el caos de los Centros de Salud y de los consultorios rurales que hemos vivido este verano, en el que hasta 80 centros han carecido durante una semana, o más, de médico de guardia. Problemas que se han replicado de nuevo durante las vacaciones de Navidad”.

De la misma forma, han criticado el cierre del centro de salud de Reinosa, otro paradigma del abandono de este gobierno, del que no se conocen los plazos para la reapertura, o “el engaño con la construcción del hospital de Castro Urdiales, del que nada se sabe”; o la reducción progresiva del horario del servicio de urgencias pediátricas en el hospital de Sierrallana.

Otro ejemplo de abandono, a juicio del PSOE de Cantabria, se da en la comarca de Liébana, sin pediatra desde hace 18 meses. “Una ausencia que hace imposible un desarrollo vital para muchas familias que requieren de un servicio básico”, han expresado.

Por último, han reflejado en la resolución la situación del transporte sanitario no urgente, “del que el PP se niega a explorar la internalización del servicio, como defendemos desde el PSOE” y que ha provocado que sea un servicio que acumula mejorables prestaciones, inaceptables condiciones laborales y denuncias diarias sobre los cumplimientos de las rutas programadas.