El Grupo Parlamentario del PSOE ha presentando una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y la Convivencia Escolar del Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga porque no garantiza “capacidad real y efectiva” ni “medios, tiempo y recursos” a los docentes para actuar frente al problema que se pretende resolver con esta propuesta de legislación.
El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha emplazado al PP de Buruaga a realizar una “revisión profunda” del proyecto de Ley. “No queremos una ley que simplemente diga que el profesorado es autoridad. Queremos una ley que haga posible que esa autoridad sea respetada, ejercida y respaldada”, ha señalado.
La enmienda a la totalidad “no responde adecuadamente a la situación actual ni a las necesidades reales” del colectivo docente y tampoco responde “al problema que se quiere resolver”.
Iglesias ha apuntado que el texto de los ‘populares’, de “apenas 17-18 páginas”, “declara y ordena derechos y mecanismos que, en buena medida, ya existen, mientras deja insuficientemente desarrolladas las condiciones materiales, profesionales y educativas que permiten ejercer de verdad la autoridad docente”.
“Una autoridad pública puede reconocerse jurídicamente; la autoridad docente, además, se construye mediante prestigio profesional, autonomía pedagógica, confianza social, recursos, formación, respaldo de la Administración y capacidad real para intervenir ante los conflictos”, ha reivindicado Iglesias.
Por ello, ha manifestado que la postura de los socialistas de enmendar la totalidad del proyecto de Ley “no parte de una oposición a la autoridad docente ni a que se dé una respuesta firme ante la violencia” sino que una “exigencia” al PP de elaborar una ley “más ambiciosa” y “que aporte algo sustancial, que no empobrezca el modelo de convivencia existente y que convierta el reconocimiento formal de la autoridad en protección y apoyo efectivo”.
Evitar duplicidades en la regulación
El PSOE ha recordado que la condición del profesorado como autoridad pública y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones ya están reconocidas en la legislación estatal y también existen mecanismos generales de protección jurídica y un marco autonómico de convivencia escolar, por lo que la nueva ley cántabra “debe justificar con claridad qué problemas nuevos resuelve y qué instrumentos nuevos aporta”.
“El proyecto corre el riesgo de duplicar regulación y aumentar la complejidad normativa sin mejorar proporcionalmente la respuesta de los centros. La nueva norma debe servir para simplificar, clarificar y reforzar, no para superponer obligaciones y procedimientos”, ha considerado el portavoz parlamentario socialista.
Y, por ello, ha remarcado que el eje de la enmienda a la totalidad del PSOE es sencillo: “El problema no se resuelve otorgando más autoridad formal al profesorado si no se le proporcionan los medios para ejercerla. La ley debe garantizar autoridad respaldada”.
En ese sentido, ha apuntado que “ese respaldo debe traducirse en autonomía profesional, respeto a los criterios pedagógicos, protección frente a presiones indebidas, apoyo jurídico, reconocimiento de responsabilidades, formación útil y condiciones laborales que permitan atender adecuadamente al alumnado”.
“También debe traducirse en recursos: plantillas suficientes, orientación, profesorado de apoyo, personal especializado, ratios adecuadas, tiempo para la coordinación y la acción tutorial y equipos de convivencia con capacidad real de intervención”, ha añadido.
Para Iglesias, “no puede existir una política coherente de autoridad docente si la propia Administración no contribuye a reforzar el prestigio de la profesión”. “La autoridad se erosiona cuando el profesorado percibe falta de respaldo, burocracia excesiva, cuestionamiento sistemático de sus decisiones o ausencia de reconocimiento”, ha apostillado.
Así, el portavoz socialista ha reclamado que “una ley de autoridad docente debe reconocer que muchos problemas de convivencia tienen una dimensión estructural”. “No se puede pedir al profesorado que sea docente, tutor, mediador, responsable de convivencia, detector de violencia y gestor de múltiples protocolos sin garantizar tiempo y recursos”, ha dicho.
Sistema de convivencia
Además de ello, ha reclamado un sistema de convivencia escolar centrado en “la prevención, la mediación, la educación emocional, la tutoría, la participación de las familias y del alumnado y las prácticas restaurativas”, de forma que “el objetivo no sólo sea castigar una conducta, sino impedir que vuelva a producirse, proteger a quien ha sufrido el daño y educar a quien lo ha causado”.
“Una legislación moderna debe colocar la protección de las víctimas en el centro. Ante situaciones de acoso, violencia o grave alteración de la convivencia, las decisiones deben evitar la revictimización y garantizar la integridad, dignidad y derecho a la educación de quien sufre la conducta”, ha considerado el dirigente socialista.
Y también ha apelado a dar “respuestas específicas frente al ciberacoso, las grabaciones no autorizadas, la difusión de imágenes, la suplantación de identidad o las campañas de hostigamiento en redes sociales” porque, en muchos casos, “la violencia no termina al salir por la puerta del centro y puede prolongarse en espacios digitales”.
