El PSOE de Cantabria ha denunciado, en las alegaciones presentadas, que el PROT planteado por el Gobierno del Partido Popular es “papel mojado al servicio del ladrillo y la especulación”.

Así lo ha expresado el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas, que ha pedido detener esta tramitación y empezar de cero, con una participación real, con ayuntamientos, sindicatos, universidad, sector agroganadero, ecologistas, y no con un simulacro digital.

“Cantabria no se vende, se cuida y se reparte entre todos”, ha enfatizado.

Fernández Villegas ha explicado que el Gobierno de Cantabria presenta como “ordenación del territorio” un documento que “ni ordena ni protege nada”. “Es una operación de maquillaje normativo: cientos de páginas de buenas intenciones sin una sola norma que vincule a nadie”, ha expresado.

Para el dirigente socialista, “mientras el PP habla de sostenibilidad, deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria, a la privatización del litoral y al pelotazo urbanístico disfrazado de desarrollo rural”.

Falta de participación real

Además, Fernández Villegas ha dicho que “para el PP, participar es rellenar un formulario de 25 preguntas en una web. El mayor plan territorial de Cantabria, el futuro de los cántabros y las cántabras no cabe en 25 preguntas”.

Frente a lo que ha hecho el Gobierno del PP, el responsable autonómico de Transición Ecológica ha defendido el modelo participativo de 2016-2018, con más de 25 mesas territoriales y 500 personas implicadas.

“Es el ejemplo de cómo gobiernan unos y como gobernamos otros, muestra que cuando gobierna el cambio, la gente cuenta; cuando gobierna la derecha, la gente estorba. Es la misma lógica del PP en toda España: decidir primero, consultar después, y solo para cubrir el expediente”, ha dicho.

Además, como ha señalado Fernández Villegas, “el propio texto lo confiesa afirmando que todo es orientativo”, y con esa premisa, “ni clasifica un metro de suelo protegido ni impone nada a los ayuntamientos”.

“Con el PROT vemos la estrategia típica de la derecha: aparentar regulación mientras se deja manga ancha a los especuladores, ordena para los de siempre. Ordenar el territorio de boquilla es no ordenarlo”, ha censurado.

Por otra parte, el responsable socialista ha denunciado que el PROT rebaja el Plan de Ordenación del Litoral “a un simple decreto que se puede tocar sin pasar por la Cámara. Es desproteger la costa cántabra por la puerta de atrás, exactamente lo que llevan años pidiendo los lobbies inmobiliarios costeros”.

En el mismo sentido, Fernández Villegas ha denunciado que los Proyectos de Actuación Territorial que establece el PROT “permiten meter ladrillo dentro de la supuesta “Red Verde y Azul” con solo alegar interés público”.

El plan “fomentará” la vivienda asequible sin decir quién, cuándo ni con qué dinero. Y solo actúa contra la turistificación cuando la mitad del parque de viviendas ya es turístico: es decir, cuando el pueblo ya ha sido expulsado y el vecindario ya no puede vivir donde nació. Prioriza al turista sobre el vecino.

Para el dirigente, el PROT también ha multiplicado zonas y ejes turísticos sin ningún límite objetivo. “La Cantabria rural no puede ser solo un decorado para el visitante de fin de semana mientras a sus vecinos se les niega vivienda, sanidad y transporte digno”, ha destacado.

De la misma forma, ha cuestionado que permite parques eólicos lejos de donde se consume la energía, y exime de control a los proyectos ya en marcha —justo los más contestados socialmente—. “Es la transición ecológica hecha a medida de quien más presiona, no del interés general”, ha criticado.

Por último, Gonzalo Fernández Villegas ha señalado que el PROT “abre la puerta a urbanizar suelo agrario sin apenas requisitos, y utiliza la lucha contra la despoblación como tapadera de otro pelotazo urbanístico”.

“No hay ningún compromiso en todo el documento con la igualdad entre comarcas. Ni una sola obligación jurídica real para que un vecino de un pueblo del interior tenga el mismo acceso a sanidad, educación o transporte que uno de la capital”, ha concluido.