El Comité Autonómico del PSOE de Cantabria ha aprobado este sábado una resolución en la que exige que la comunidad autónoma aproveche los fondos del Plan Estatal de Vivienda, que se triplican hasta los más de 130 millones de euros para la región; se retire el proyecto de ley de Vivienda que se encuentra en tramitación parlamentaria impulsado por el Gobierno del PP y que se aplique la legislación nacional incluyendo la declaración de zonas tensionadas.
Así se recoge en la resolución aprobada hoy por los socialistas y en la que se incluyen otras medidas como un plan de choque que incremente las viviendas de alquiler asequible y mecanismos efectivos de regulación y control de las viviendas de uso turístico.
El PSOE cántabro ha expresado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía de Cantabria” y, por ello, se debe “actuar con determinación para garantizar que vivir en Cantabria no acabe siendo un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho efectivo para el conjunto de la ciudadanía”.
“El incremento continuado de los precios del alquiler y de la adquisición de vivienda, la insuficiencia del parque público residencial, la presión especulativa sobre determinadas zonas urbanas y costeras están agravando un problema que exige una respuesta pública decidida para proteger a la ciudadanía”, añaden los socialistas.
Y manifiestan que ese problema “se ha incrementado en los últimos años en Cantabria con las decisiones del Partido Popular, que, ante todos estos problemas, no da respuesta mientras avanza en un modelo basado en la liberalización del suelo y del mercado de la vivienda”.
Para el PSOE, todas las iniciativas impulsadas por el PP en la comunidad “avanzan en la dirección contraria: más especulación, menos planificación y menos garantías para el interés general”.
Y ello, a su juicio, se ha hecho evidente en la modificación de la Ley del Suelo o la aprobación de una Ley de Vivienda y del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que “están abriendo la puerta a la edificación y rehabilitación de segundas residencias y viviendas vacacionales en vez de garantizar el derecho a la vivienda”.
“Cantabria necesita una política urbanística pensada para garantizar derechos, proteger el territorio y construir un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible”, reclaman los socialistas, que insisten en que “la vivienda no puede ser tratada solo como un bien de mercado, sino que debe garantizarse como un derecho social que debe ser protegido mediante políticas públicas ambiciosas, eficaces y sostenidas en el tiempo”.
“Queremos impulsar un modelo basado en la rehabilitación urbana, en el fortalecimiento del parque público de vivienda, en la movilización de vivienda vacía, en el alquiler asequible y en la protección efectiva del suelo rústico y del litoral de nuestra tierra”, plantean en la resolución, en la que abogan por que la vivienda deje de ser “un factor de desigualdad y se convierta en una prioridad central de la acción pública”.
“Queremos que deje de ser un negocio para ser un derecho efectivo de los cántabros y las cántabras”, enfatizan y, para ello, proponen siete medidas.
En primer lugar, exigen que se aprovechen los recursos del Plan Estatal de Vivienda, que triplica la inversión en Cantabria hasta los 130 millones de euros los próximos cinco años para ampliar el parque público de viviendas mediante la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas prioritariamente al alquiler social y asequible, con especial atención a jóvenes y familias vulnerables.
También proponen un plan de choque para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler asequible, movilizando suelo público, promoviendo la colaboración con entidades públicas, e incentivando la incorporación de vivienda vacía al mercado residencial.
Asimismo, reivindican que se retire el actual proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria y se presente una iniciativa que cuente con consenso social y político para dar respuestas a las necesidades reales.
Además, piden se aplique la Ley Estatal de Vivienda, procediendo a la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios y áreas urbanas donde los precios estén dificultando el acceso a la vivienda.
Igualmente, reclaman declarar zonas tensionadas en aquellos municipios como Comillas o Castro-Urdiales que ya lo han solicitado.
También piden que se desarrollen mecanismos efectivos de regulación y control de las viviendas de uso turístico.
Y, finalmente, demandan transparencia y evaluación periódica de las políticas públicas de vivienda, mediante la publicación de datos actualizados sobre precios, parque público, vivienda vacía y evolución del mercado inmobiliario en Cantabria.
