El secretario de Infraestructuras y Transportes del PSOE y diputado nacional, Pedro Casares, avanza que el Ingreso Mínimo Vital podría beneficiar, solo en Cantabria, “a 5.500 familias”.
Casares afirma que, en concreto, 5.655 personas podrían ser los beneficiarios de la ayuda, en base a quienes actualmente son receptoras en Cantabria de la Renta Social Básica, con la que el gobierno regional garantiza unos ingresos mínimos del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
De ellos, 2.081 personas al tener hijos a su cargo serían los primeros en acceder al cobro al tener sus datos el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como receptores de la prestación por hijo a cargo estatal.
El diputado del PSOE cántabro reacciona así tras el anuncio del Presidente del Gobierno que, en su comparecencia semanal, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará esta semana la medida. Una medida histórica, “cuya cuantía dependerá del número de miembros de cada hogar, ya que se analizarán las rentas en conjunto de cada familia”.
“Salir de la crisis con justicia social y sin dejar a nadie atrás es el objetivo de este Gobierno” puntualiza el diputado socialista, que cree que el Ingreso Mínimo Vital anunciado por Pedro Sánchez, es una decisión de justicia para combatir la desigualdad y la pobreza. Para Casares, “no dejar a nadie atrás significa ayudar y dotar de recursos sociales y económicos a las personas para que puedan hacer frente a la pandemia, sobre todo a los más vulnerables y a quienes están en riesgo de pobreza y exclusión”.
En este sentido, destaca entre las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a los más vulnerables las becas comedor, la prohibición de desahucios y del corte de suministros básicos en todos los hogares para que nadie se quedara sin agua, luz o gas, además de la aprobación de moratorias y una batería de ayudas económicas a las familias y a los trabajadores o la prórroga del bono social.
Por último, Pedro Casares recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado desde el principio de la legislatura muestras de su intención de luchar contra la pobreza y la exclusión social, con la subida del salario mínimo o de las pensiones.
“Proteger a los más vulnerables, ayudar a las familias con menos recursos para salir de esta crisis con oportunidades para vivir dignamente no es una tarea, ni un reto, ni un objetivo, es una cuestión, simplemente, de humanidad y de justicia social”, concluye.