La consejera de Sanidad, Luisa Real, ha señalado hoy que el Gobierno de CANTABRIA ha tenido “más de dos millones de euros de pérdidas para los intereses públicos” por no haber podido sancionar a la adjudicataria del contrato de colaboración publico-privada de Valdecilla, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), por incumplimientos durante dos años.

Esas pérdidas, ha explicado, son una media de las sanciones que se deberían haber impuesto a la adjudicataria entre octubre de 2014 y octubre de 2016, pero que el Gobierno no pudo imponer por la resolución que firmó en julio de 2015 el director gerente de Valdecilla en la legislatura del PP, César Pascual, que ampliaba el plazo dado a la adjudicataria antes de activar el mecanismo de sanciones, una resolución que ahora anula un juzgado por ser “lesiva para los intereses públicos”.

Real así lo ha indicado en una interpelación en el Pleno del Parlamento que le ha realizado el PSOE, su partido, para que valorase la sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Santander que anula la cláusula del Hospital Valdecilla que impidió durante dos años sancionar a la adjudicataria del contrato de colaboración publico-privada, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC).

El juzgado estima el recurso presentado por el Gobierno regional contra la resolución que firmó el director gerente de Valdecilla en la legislatura del PP, César Pascual, que ampliaba el plazo dado a la adjudicataria antes de activar el mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento, y la anula porque es “lesiva para los intereses públicos”.

Al realizar su interpelación, la diputada socialista Silvia Abascal ha criticado que esa resolución fue adoptada en la etapa de María José Sáenz de Buruaga como consejera de Sanidad y en la que “se interpretaba el contrato público-privado de Valdecilla en contra de los intereses de CANTABRIA”.

La consejera ha lamentado que, aunque el CPP de Valdecilla no se podría hacer ahora con la actual ley de contratos, el Ejecutivo tampoco lo puede rescindir unilateralmente y, por ello, trabaja para “exigir el cumplimiento riguroso del mismo y las obligaciones contractuales en defensa de los intereses públicos”.

De hecho, ha detallado que desde noviembre de 2016, que se pudo empezar a sancionar a la adjudicataria, se han impuesto deducciones a Smart Hospital por más de 2,2 millones de euros, lo que supone “una media de 85.000 euros mensuales”.

Esta cantidad extrapolada a los más de 24 meses que no se pudieron imponer sanciones por incumplimientos por aquella resolución del PP hace que haya habido “unas pérdidas de 2.050.000 euros o más para los intereses públicos”, ha dicho la consejera.

Real ha criticado la resolución firmada por César Pascual, y de la que también ha hecho responsable a Sáenz de Buruaga, primero porque “se firmó el 17 de julio de 2015 con el Gobierno en funciones y en ella se impedía hacer deducciones hasta que no se diesen dos condiciones, que hubiesen pasado seis meses desde el traslado de los servicios a las Tres Torres y que estuviese en funcionamiento el programa informático AURORA, que debía facilitar la empresa y no había desarrollado”.

“Con ello, se condicionó al siguiente Gobierno y se impidió la aplicación de esas deducciones hasta noviembre de 2016”, ha lamentado Real, que ha considerado que esta “decisión de Buruaga y Pascual” fue una “deslealtad institucional para el nuevo ejecutivo y fue en contra de los intereses públicos”.

Por ello, ha relatado que el Gobierno PRC-PSOE inició en noviembre de 2016, una vez finalizado el plazo marcado por las condiciones de la resolución, un expediente administrativo y judicial que ha prosperado en este fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3.

Un fallo que, aunque cabe recurso contra él, “declara nula, lesiva e ilegal la resolución” con la que, ha dicho, “Pascual y Buruaga se saltaron todos los requisitos administrativos” y se dictó “sin los perceptivos informes jurídicos”. “Deja claro que Buruaga y Pascual se saltaron la ley”, ha concluido Real.

Falta de pediatras en Bezana

Por otro lado, a preguntas de la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) sobre la falta de especialista de Pediatría en el centro de salud de BEZANA, la consejera de Sanidad ha indicado que la situación tiene “difícil solución” por “la ausencia total de pediatras en las listas de contratación tanto en CANTABRIA como en el resto de España”.

Ha explicado que en el centro de salud de BEZANA ha habido desde diciembre de 2017 tres pediatras a jornada completa y ahora ha dado “la casualidad” de que uno se jubiló el pasado diciembre y las otras dos están de baja, por lo que sus cupos los están atendiendo especialistas en Medicina Familiar con la “formación y experiencia” para atender a niños hasta 16 años.

También hay médicos de familia atendiendo a niños en los centros de salud de Campoo-Los Valles, Castro Urdiales y LAREDO, situación que, ha reiterado Real, igualmente se debe a la “falta de especialistas en pediatría en las listas de contratación”.