El secretario de Organización y portavoz adjunto, Daniel Fernández, en el Ayuntamiento de Santander, preguntará en la próxima reunión de la comisión de Administración y Participación Ciudadana por el estado de las medidas de comunicación de la Policía local y bomberos.
Fernández considera que el deficiente funcionamiento de los medios de comunicación de policías y bomberos municipales, implantado por el Ayuntamiento de Santander hace un año y medio, con un coste de 180.000 euros, “no tiene ningún sentido” como denuncian los propios cuerpos municipales.
Para el concejal socialista, la denuncia de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) “plantea un grave problema” al que el equipo de gobierno del PP “parece querer hacer oídos sordos”.
“Entre otras cosas, la denuncia desvela que estos fallos plantean riesgos en la seguridad ciudadana, como consecuencia entre otras cosas, de baterías de los transmisores que no soportan un turno de trabajo intensivo, al ser remplazadas por la empresa suministradora por unas de marca china desconocida y que no por el repuesto original”.
Por ello, Fernández preguntará al equipo de gobierno la razón por la que las emisoras tienen puntos ciegos en varios lugares de la ciudad y si el Partido Popular tiene pensada “alguna solución al respecto”.
Asimismo, el número dos del PSOE quiere saber si el equipo de gobierno tiene conocimiento de que los equipos portátiles suministrados a la red de transmisiones municipales que utilizan los agentes están descatalogados, así como si tienen previsto el equipo de gobierno, y en cuánto tiempo, solucionar este problema.
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista quiere saber cuántos repetidores hay en la ciudad y si no creen que son “insuficientes” para prestar un servicio normal por parte de la Administración. Así como si disponen de las licencias de encriptación, nivelación y supresión acústica.
Por último, Daniel Fernandez quiere saber si los escritos presentados “hasta la fecha” por la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria u otros haciendo mención a estas cuestiones “han recibido o no respuesta por parte del equipo de gobierno”. “Sería intolerable dado que está en riesgo la seguridad de los santanderinos, que ni siquiera se molesten en contestar” concluye.
