El secretario de Organización y portavoz adjunto, Daniel Fernández, preguntará en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, que se celebra este jueves 30 de diciembre, si el equipo de gobierno del Partido Popular apoya que se puedan destinar el superávit a promover programas sociales y de empleo.
Fernández defiende que “es necesario” revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
Para ello, el concejal socialista explica que “es necesario” eliminar los límites impuestos para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía.
“Los socialistas defendemos, y así lo ha manifestado en la FEMP, que Montoro debe cambiar la ley para poder destinar el superávit a políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, o políticas de juventud” explica.
Asimismo, el concejal socialista asegura que hay que modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local, de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%. Por lo que también preguntará al Partido Popular sí está de acuerdo.
Los ayuntamientos han cumplido
“La situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio las reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse” afirma Fernández.
Y todo ello, como explica el edil, porque los ayuntamientos ha cumplido con creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno.
Por último, Daniel Fernández recuerda que el Gobierno del Partido Popular lleva años sometiendo a las Entes Locales a un estricto control presupuestario y económico. De esta manera, han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad.
