El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reclamado el cese del gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y una auditoria interna en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para conocer la verdad sobre el “pilotaje” para forzar las derivaciones diagnósticas a centros de sanidad privada.
Casares ha exigido al consejero de Salud, el ‘popular’ César Pascual, al que ha calificado como “el rey de los recortes y las privatizaciones”, que depure “responsabilidades” porque “el tiempo de las explicaciones ya ha pasado” y más cuando “cada día se ha dado una versión diferente del mismo hecho”.
La realidad, para el líder socialista, es que el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga ha pasado de anunciar la libre elección hospitalaria a “condenar a los cántabros y a las cántabras a acudir a un hospital privado a recibir atención médica y a amenazarles con que, de no hacerlo, les sacan de las listas de espera”.
“Ese es el modelo del PP”, ha criticado el socialista, que ha tachado de “muy grave” todo lo que se está conociendo sobre ese pilotaje para forzar con amenazas a los pacientes las derivaciones diagnósticas a la sanidad privada y que ha abordado en una reunión con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria y personas afectadas como Laura Colina, así como con responsables del partido en materia sanitaria.
“No estamos ante una cuestión menor de procedimiento, ni ante un error humano. Aquí había intención, había decisión, había voluntad y había determinación”, ha enfatizado el secretario general del PSOE que ha afirmado que, aunque ahora lo nieguen, “lo sabían todos” porque la instrucción remitida por correo eléctrico incluía en copia a muchos responsables de Valdecilla, desde el director gerente del hospital hasta el director y la subdirectora médica.
“No es un error, es una decisión política, es ideología, aunque nos quieran hacer creer que era solo responsabilidad del director de Planificación Sanitaria”, ha insistido Casares, que ha remarcado que el correo electrónico con la instrucción para iniciar la prueba piloto evidencia que “este pilotaje se había decidido, consensuado. Los correos lo demuestran”.
El secretario general del PSOE ha denunciado que, además de la instrucción sobre cómo proceder con las derivaciones a Santa Clotilde, para el pilotaje se distribuyeron las agendas de todos los pacientes de Radiología de los hospitales de Cantabria.
Un servicio, el de Radiología, por el que se iniciaba esa prueba piloto para derivar las pruebas a la sanidad privada y que, en caso de que el paciente se negase, amenazarle con sacarle de la lista de espera. “Los pacientes tienen miedo y se sienten amenazados”, ha asegurado Casares.
Conocer la verdad y depurar responsabilidades
Ante todo ello, Casares ha exigido al Gobierno del PP de Buruaga y a Pascual como máximo responsable de la sanidad pública regional a actuar para “conocer qué está ocurriendo en la sanidad de todos” y proceder a depurar responsabilidades.
“La pregunta no puede limitarse a si hubo o no un error. La pregunta es quién tenía conocimiento de ese procedimiento, desde cuándo, qué instrucciones recibió el personal, cuántos pacientes fueron llamados, cuántos fueron derivados a Santa Clotilde, cuántos rechazaron la derivación y qué ocurrió posteriormente con cada uno de ellos”, ha señalado el líder socialista.
Además de pedir una acción directa del Ejecutivo ‘popular’, ha avanzado que el PSOE ha registrado una interpelación y una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para que los cántabros y las cántabras conozcan la verdad.
“Ayer el consejero de Salud decía que lo ocurrido no es motivo de cese y que se trata de un error. Pero en la Sanidad Pública de Cantabria desde que gobierna el PP vamos de error en error, y de recorte en recorte. No basta con decir que la instrucción era errónea”, ha insistido Pedro Casares.
Además, ha recordado que el PSOE ya advirtió hace un año que el “megacontrato con el hospital privado de Santa Clotilde, por más de 256 millones de euros, no era una colaboración público-privada más y que tendría consecuencias”, que están ya saliendo a la luz y cuyo “trasfondo y objetivo es desmantelar progresivamente servicios clínicos de la sanidad pública para que sean gestionados por hospitales privados”.
“El negocio es redondo. Primero deterioran lo público con recortes, amplían las listas de espera y firman contratos con hospitales privados para ampliar su estructura con dinero público, y ahora amenazan a pacientes con que perderán su plaza en la lista si no se hacen las pruebas en la sanidad privada”, ha advertido el dirigente socialista.
