El PSOE de Santa María de Cayón ha denunciado que el Ayuntamiento adeuda más de mil euros a varios trabajadores del programa de Programa de Corporaciones Locales del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) desde hace más de un año y, tras numerosas reclamaciones, ha llevado a uno de ellos a acudir a la vía judicial para cobrar lo que le corresponde.
La portavoz socialista en el municipio, Ana José García, ha lamentado que el Consistorio actúe así con “el eslabón más débil” como consecuencia de la “falta de previsión y de rigor” con la que viene gestionando el presupuesto municipal de aproximadamente 6 millones de euros.
“Estamos hablando de trabajadores que acceden a un empleo de seis meses. Para muchos de ellos, cada euro de su nómina es importante. No parece razonable que tengan que llegar a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento el dinero que consideran que se les debe”, ha criticado.
Como ha explicado García, la deuda se originó al pagarse de forma errónea unas nóminas a varios de estos trabajadores interinos. Tras reclamar y no obtener resultados, todos ellos desistieron de cobrar salvo uno de los empleados, que ha venido presentando reclamaciones formales cada mes y ha hablado con el acalde, el popular Francisco Viar, aunque éste se ha limitado a dar “diferentes excusas hasta llegar al año de impago”.
Desde el PSOE denuncian que la actuación del Ayuntamiento acabará suponiendo un coste adicional para las arcas municipales al tener que afrontar los gastos derivados del conflicto judicial con este trabajador, a pesar de que el asunto podía haberse resuelto. De hecho, el conflicto pasó por el ORECLA y el Consistorio ni siquiera se personó, lo que demuestra la “poca voluntad” del equipo de Gobierno.
En este sentido, la portavoz socialista ha arremetido contra la gestión que se realiza de los recursos municipales desde un equipo de Gobierno que ya ha tenido que tramitar dos modificaciones de crédito para poder hacer frente a gastos que, por su propia naturaleza, “eran perfectamente previsibles y deberían contar con partida presupuestaria propia”.
Para García, la situación resulta especialmente llamativa porque, “mientras un trabajador lleva cerca de un año reclamando más de 1.000 euros y se ve obligado a acudir a la Justicia, el Ayuntamiento está recurriendo al remanente municipal para afrontar gastos como los 5.687 euros destinados a festejos, vinos calientes, chocolatadas, disfraces, caldos y otros ágapes”.
A estos gastos se suman 2.415 euros en honorarios de abogado, incluyendo, según la portavoz, una actuación por vía penal de la que el alcalde “no sabe explicar el motivo, según sus propias palabras”.
“Es difícil explicar a los vecinos que no haya una solución para pagar a un trabajador, pero sí haya recursos para afrontar este tipo de gastos y para asumir los costes que genera la contratación de servicios jurídicos”, ha sentenciado García, que ha cuestionado las prioridades de este equipo de Gobierno.
